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El concejal de Accesibilidad Universal Raúl, López, ha presentado hoy una guía elaborada en la que se facilita información sobre la accesibilidad de la feria de las distintos espacios de la Feria de Málaga.
A la presentando Ha estado acompañado por la concejala de Sostenibilidad, Teresa Porras; el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero; y por el delegado de Cultura, Miguel Briones. En la página web municipal, la guía ha sido traducida a la lengua de signos y locutada, para que aquellas personas con sordera y déficit visual puedan también acceder a esta información.

Como una de la novedades de este año, se ofrece un servicio de préstamo gratuito de material de movilidad: sillas de ruedas, andadores o bastones para personas con movilidad reducida, a través de dos “Puntos Móviles”. Uno de estos puntos móviles se situará junto a la entrada principal del Real de la Feria, en la Avenida de las Malagueñas; el otro se situará en la calle de la Jábera. En estos Puntos Móviles se puede pedir la guía de forma totalmente gratuita.

Gracias a la colaboración de las distintas áreas y empresas municipales implicadas, se ha logrado aumentar la accesibilidad tanto del Cortijo de Torres como de la Feria del Centro de Málaga. Para ésta última se ha reservado un total de 43 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en superficie. Asimismo, un total de 89 plazas se destinan también a este colectivo en los aparcamientos municipales.

Todas las líneas de autobuses de la EMT están adaptadas para estas personas con movilidad reducida. Se ha informado sobre la ubicación de las paradas de autobuses y la disposición de 40 eurotaxis en Cortijo de Torres.

Como novedad, 21 de las casetas del Real disponen de aseos totalmente adaptados a las necesidades de este colectivo. La guía también facilita información sobre la ubicación de los aseos adaptados tanto en la zona de las casetas como en las atracciones.

Entre los servicios habilitados se encuentra también un cajero automático adaptado que está situado junto a la Caseta Infantil, en Avda. José Blánquez “El Maño”.

Visto en: Malagaes.com el 11/8.

Deben tomar nota todos los ayuntamientos, en muchos lugares, las personas de mobilidad reducida y discapacitados NUNCA han podido asistir a fiestas y celebraciones multitudinarias… es hora de empezar a pensar en ellas.

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La presidenta de la Federación de Personas Sordas de Catalunya (Fesoca) y vicepresidenta del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), Encarna Muñoz, calificó el proyecto de Ley de la lengua de signos catalana aprobado por la Generalitat como “un orgullo y un gran reconocimiento por el que hemos luchado mucho”, en declaraciones a Europa Press.

“Es lo mejor que podía pasarnos”, aseguró Muñoz sobre el nuevo proyecto de ley, que prevé reconocer oficialmente la lengua de signos catalana y regular su enseñanza, aprendizaje e interpretación.

La presidenta de la federación considera que la norma mejorará la calidad de vida de las personas que no pueden expresarse de forma oral. “Hasta ahora hemos rogado subvenciones para contratar intérpretes y contar con recursos pedagógicos. Ahora ya no tendremos que rogar, será un derecho fundamental y podremos exigirlo”, afirmó.

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El III Congreso Nacional de Lengua de Signos española se celebrará en Madrid del 16 al 18 de septiembre de 2009, organizado por CNSE y la UNED.
El objeto del congreso es ofrecer un espacio de encuentro académico y profesional en el que se puedan intercambiar conocimientos y experiencias sobre las últimas innovaciones científicas, tecnológicas, sociales y culturales sobre la lengua de signos española.

Objetivos generales

• Aportar ideas, perspectivas y conocimientos que favorezcan la normalización de la lengua de signos española en todos los ámbitos de la vida comunitaria, especialmente aquellos ámbitos que más contribuyan a un avance efectivo en la calidad de vida de las personas sordas.

• Ofrecer un espacio de encuentro entre la actividad académica universitaria y la actividad profesional del sector social representante de la comunidad lingüística en el que se puedan intercambiar conocimientos y experiencias sobre las últimas innovaciones científicas, tecnológicas, sociales y culturales sobre la lengua de signos española.

• Contribuir a la participación e implicación de la comunidad sorda, usuaria de la lengua de signos española, en los ámbitos de estudio y conocimiento de su lengua.

• Dar a conocer los últimos trabajos en el campo de la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española, educación bilingüe-bicultural de personas sordas, de las aplicaciones tecnológicas sobre la lengua de signos española, de la manifestación artística y cultural a través de esta lengua, y de la eliminación de las barreras de comunicación en general.

• Analizar los nuevos retos lingüísticos y socioculturales para la inclusión social de las personas sordas de acuerdo con la coyuntura actual y perspectivas futuras.

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A partir de ahora se hace obligatorio su cumplimiento y transposición a la legislación de los 126 países firmantes hasta ahora. España es uno de los que más prisa se ha dado en suscribirla (el octavo) y en ratificar su Protocolo (el cuarto), aunque lo ha hecho con muchas asignaturas pendientes.

El colectivo incluye en España al 9% de la población (3,5 millones), y todavía se enfrenta a numerosas barreras legales, educativas, laborales, sanitarias, de comunicación y accesibilidad y de participación.

Desde el movimiento asociativo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi, que pone voz unitaria a más de 4.000 organizaciones) está ya trabajando en una propuesta de Proyecto de Ley de Ajuste del Ordenamiento Jurídico hispano a la Convención.

Así lo subrayó Ana Peláez, presidenta de la Comisión de la Mujer del Cermi, durante una jornada sobre Derechos Humanos y Discapacidad en España en la que la Fundación ONCE presentó un informe de situación sobre ese tema realizado por Leonor Lidón.

Un mundo con barreras
El informe sobre derechos humanos y discapacidad repasa las múltiples barreras que sufre el colectivo. Éstas barreras son legales, como la incapacitación. De participación, como las limitaciones directas al derecho al voto. De comunicación, como la insuficiente accesibilidad de las páginas webs de la Administración, que no invalidan progresos como la aprobación de la lengua de signos o el subtitulado televisivo. Educativas, como la presencia descendente en niveles superiores del elogiado modelo inclusivo, que reducen el 2,47 por ciento de primaria al 0,24 por ciento del bachillerato (tampoco alcanza el 1 por ciento en la Universidad, adonde sólo llegan el 2 por ciento de las personas con discapacidad). De empleo, con tasas de actividad muy inferiores al resto de la población (33 por ciento, frente a 70 por ciento) y un masivo incumplimiento empresarial (80 por ciento) de las cuotas obligatorias para su integración laboral. También son evidentes las barreras sanitarias, como la exclusión o el mayor coste de seguros privados y las dificultades para el consentimiento informado, por no hablar de los problemas que suelen plantearse ante ensayos clínicos o esterilización en caso de grave discapacidad psíquica.

Persisten las arquitectónicas
Y, por supuesto, persisten las barreras de accesibilidad, con incumplimientos de algún tipo en prácticamente el cien por cien de los edificios, en itinerarios urbanos (en uno de 500 metros, sólo 4 de 729 analizados aprobaban los criterios legales) y en el transporte.

Según la autora del mencionado estudio para la Fundación ONCE, Leonor Lidón, las razones de tanta inaccesibilidad tienen que ver con la dispersión competencial y administrativa, la falta de control, la legislación no implementada ni desarrollada e incluso la insuficiente formación de quienes ejercen la arquitectura.

La Convención, remarcó la autora del estudio para la Fundación ONCE, Leonor Lidón, será clave para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en España, donde se ha pasado «del modelo médico al modelo social» y se pone ya el «acento en la integración». Pero no será un camino de rosas, porque hasta la evolución terminológica desde viejos conceptos como «subnormal» o «minusválido», sigue mostrando «contradicciones, como el certificado de minusvalía». Y lo mismo pasa con la «mucha y variada normativa», con avances como la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2003 y dudas como su cobertura limitada a quien tiene la «condición legal» de discapacidad.

Fuente: Manu Mediavilla | Diari de Tarragona

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