Minusvalido.net Blog

Más de uno de cada tres dependientes reconocidos por la ley en territorio catalán está pendiente de un servicio o una prestación

A finales del mes de marzo del año pasado, el Defensor del Pueblo dejaba constancia del fracaso de la Ley de Dependencia: “hay muchos dependientes que no están conformes con el desarrollo de la ley porque no están recibiendo los derechos que de ella emergen”, afirmaba.

Un buen ejemplo del mal funcionamiento de lo que fue en su día el anuncio de una de las leyes sociales ‘estrella’ de Zapatero lo tenemos en Cataluña: Más de una de cada tres personas dependientes reconocidas por la ley está a la espera de un servicio o una prestación.

Así, de los 115.114 dependientes que tienen reconocida la ayuda en el programa individual de atención (PIA) en territorio catalán, todavía están en lista de espera 42.011 personas.

Es la crónica de un fracaso anunciado que se ha ido constatando a lo largo de los meses. De hecho, en mayo de 2007 ya advertíamos de que, para la Ley de Dependencia, ni había plazas, ni había dinero, ni el Gobierno sabía cuantos eran los dependientes.

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, informábamos de que, en España nueve de cada diez grandes dependientes aún no habían recibido las ayudas del 2007. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió entonces la lentitud con que se estaba aplicando la ley.

‘En lista de espera’

Y así ha seguido hasta ahora. A pesar de que se han producido algunos avances en materia de protección a los dependientes, lo cierto es que hay demasiada gente ‘en lista de espera’ para recibir las ayudas.

En el caso de Cataluña, esa lista equivale a un 40% del total de dependientes ya valorados. Según datos de finales de junio, se ha acelerado el ritmo de valoraciones y de elaboración de programas individuales de atención a las personas con dependencia, pero 42.011 de ellas todavía esperan.

Hace un año, el departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat explicaba que había 62.474 personas con derecho a beneficiarse de la ley y las que la recibían eran 31.161 (49,88%). En el pasado mes de febrero, ya eran 88.400 las personas que tenían reconocido el derecho, pero las que recibían ayuda no llegaban a 40.000 (45,24%).

Así, el paraguas de la ley da cobertura a un buen número de personas con dependencia, aunque las que siguen esperando las ayudas no han bajado en ese tiempo de las 30.000 personas.

Jordi Tudela, director del Prodep, el programa que se encarga de desarrollar la normativa, atribuye la lista de espera a “déficits que se arrastran desde los inicios del despliegue de la ley”, así como al hecho de que en cada expediente intervengan tres administraciones, la estatal, la catalana y la local.

También confirma Tudela que la previsión inicial de beneficiarios se quedó muy corta y que el Gobierno español se ha desentendido hasta el punto de que por cada euro que aporta el ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, el departamento de Acción Social aporta tres.

Visto en ForumLibertas.com

Twitter This

Usuario: Password:

El Ayuntamiento ultima su ordenanza de accesibilidad en la que pretende llevar al límite las exigencias que permite la ley para eliminar las dificultades a las que se enfrentan diariamente los 70.000 discapacitados de la ciudad. La normativa obligará a revisar el mobiliario de la ciudad y todo el sistema de transporte.

Pese a los avances que se han realizado en los últimos años, son muchas las barreras arquitectónicas existentes en la ciudad, a las que se pretende enfrentar el Ayuntamiento con una ordenanza que rebasa el marco legal existente. En Sevilla, según los cálculos difundidos recientemente por el Consistorio, apenas hay una quincena de taxis adaptados de una flota de 2.100 y no todos los autobuses tienen rampas desplegables. La nueva normativa plantea una serie de exigencias para facilitar el transporte a las personas de movilidad reducida en la ciudad.

Éstas, según la citada normativa, deberán contar con un servicio público de transporte especial. Este sistema sería un complemento de los medios ordinarios –que deben ser accesibles– y funcionaría como una línea específica para aquellos individuos que tengan cualquier problema de acceso a los servicios de transporte público. La propuesta está recogida en un decreto aprobado en 2007 por el Gobierno central que da un plazo de tres años a los municipios para que activen un sistema de estas características, ya existente en ciudades como Barcelona.

Pero al margen de este servicio especial, el grupo de trabajo que coordina la directora de la Agencia Local de la Energía, Cristina Vega, da en la ordenanza un repaso a todos los medios de transporte de la ciudad. Incluido el Sevici. “Las empresas instaladas en la ciudad deberán disponer de triciclos”, recoge la normativa que tiene como objetivo que personas con dificultades para usar las bicis puedan también acceder al servicio público de alquiler y circular por la extensa red de carriles bici.

No será el único sistema que deberá mejorar su accesibilidad. Los taxis de Sevilla no cumplen el porcentaje mínimo de vehículos para discapacitados –eurotaxis— fijado en la legislación estatal. Para frenar esta carencia, la ordenanza plantea que sólo se puedan conceder nuevas licencias a vehículos adaptados. La medida tiene, en cualquier caso, una escasa incidencia, dado que el número de licencias no sólo está congelado, sino que hay un proyecto de rescate de los permisos en marcha desde hace años.
Para los coches de caballos, la ordenanza va más allá y exige al Ayuntamiento que conceda más licencias hasta que haya un porcentaje suficiente de carruajes como para que haya uno disponible en cada turno de servicio. Éste debe estar adaptado para que sea utilizado por una persona en silla de ruedas.

Por último, la ordenanza analiza la situación de los autobuses. Tussam ya ha llevado a cabo actuaciones para aumentar la accesibilidad de sus vehículos. Pero se le exige más: debe informar en las paradas si el próximo vehículo está o no adaptado; pagar un eurotaxi a usuarios discapacitados en caso de que esté averiada la rampa y que todos los vehículos dispongan de información con imágenes y sonido o sobre las siguientes paradas.

Twitter This

Usuario: Password:

El movimiento asociativo ha propuesto al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios una modificación del Código Civil para que las herencias que recibe el Estado se destinen en su integridad a acciones y programas de promoción de la autonomía personal desarrollados por entidades del tercer sector no lucrativo.

“Según prevé nuestro Código Civil en su artículo 956, cuando una persona fallece sin haber hecho testamento y sin tener herederos legales, es el Estado el que recibe esos bienes, que tienen que se dedicados a fines diversos, unos sociales y otros de amortización de la deuda pública”, aclara en nota de prensa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

A juicio del Cermi, esta regulación, que procede del siglo XIX, ha quedado obsoleta, y debería modificarse para que todos los recursos que obtenga el Estado por esta vía de los abintestatos se dediquen a acciones de autonomía personal y atención a la dependencia, como la gran demanda social de este momento.

La reforma busca evitar la dispersión de fondos que se produce con la actual regulación y la concentración en un único fin social, la promoción de la autonomía personal.

Para el Cermi, además de ser mas eficaces en la atención a las necesidades sociales, se habilitaría uno nuevo medio de financiación para el Sistema para la Autonomía Atención a la Dependencia establecido por la Ley 39/2006.

Twitter This

Usuario: Password:

La presidenta de la Federación de Personas Sordas de Catalunya (Fesoca) y vicepresidenta del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), Encarna Muñoz, calificó el proyecto de Ley de la lengua de signos catalana aprobado por la Generalitat como “un orgullo y un gran reconocimiento por el que hemos luchado mucho”, en declaraciones a Europa Press.

“Es lo mejor que podía pasarnos”, aseguró Muñoz sobre el nuevo proyecto de ley, que prevé reconocer oficialmente la lengua de signos catalana y regular su enseñanza, aprendizaje e interpretación.

La presidenta de la federación considera que la norma mejorará la calidad de vida de las personas que no pueden expresarse de forma oral. “Hasta ahora hemos rogado subvenciones para contratar intérpretes y contar con recursos pedagógicos. Ahora ya no tendremos que rogar, será un derecho fundamental y podremos exigirlo”, afirmó.

Twitter This

Usuario: Password:

Centrará el primer debate del próximo 21 de octubre, en Ginebra

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas dedicará el primer gran debate general que celebre, el próximo día 21 de octubre, en Ginebra, a examinar el alcance e implicaciones del artículo 12 de la Convención ,dedicado a la capacidad legal de las personas con discapacidad, informa el movimiento asociativo en nota de prensa.

El objetivo de esta sesión de debate es clarificar y mejorar la aplicación del derecho reconocido en el artículo 12 del Tratado internacional, que consagra la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad ante la Ley.

A la reunión podrán asistir representantes de los Estados, organismos y otras agencias de Naciones Unidas, organizaciones que representen a las personas con discapacidad, expertos independientes y otras entidades.

El Comité considera esencial la correcta interpretación del artículo 12 ya que de su adecuada aplicación depende además el ejercicio de muchos de los derechos contenidos en la Convención.

Los objetivos del debate general se abordarán a través de dos grupos de trabajo que versarán sobre los aspectos legales del derecho de igualdad ante la ley y las medidas prácticas necesarias para garantizar este derecho.

Twitter This

Usuario: Password:

Las asociaciones de discapacitados se quejan de que los empresarios gallegos con frecuencia no ajustan sus plantillas a las exigencias de la Ley de Integración Laboral

El coordinador de formación y empleo de la Confederación Galega de Personas con Discapacidade (Cogami), Francisco Abuín, lo tiene claro: si todas las empresas de más de cincuenta trabajadores contrataran a un 2% de discapacitados, se produciría un importante impulso en la inserción laboral de este colectivo.

Según un informe publicado recientemente, entre el 65 y el 70% de grandes empresas españolas incumplen esta ley. “Sabemos que no último ano aumentaron as inspeccións de traballo porque cada vez máis empresas contactan connosco para solicitar persoal”.

Para Abuín, las claves de la inserción laboral de los discapacitados, tanto físicos como psíquicos, son muy simples: “por un lado, sensibilizar ó empresariado e á sociedade en xeral das necesidades deste colectivo e, por outro, incentivar a súa contratación”. Aún así, es consciente de que la integración debe partir de la formación y, en este sentido, “todavía hai un déficit bastante importante”.

Casi 1.200 nuevos contratos

Cogami lleva más de diez años trabajando para conseguir la inserción sociolaboral de este colectivo en la empresa ordinaria y, hoy por hoy, se sitúa como un referente a nivel estatal con siete centros de intermediación laboral repartidos por toda Galicia. En estos organismos trabajan más de 30 profesionales, entre orientadores laborales y técnicos de empleo.

Además, cuenta desde 1996 con un servicio de integración laboral (SIL) que funciona como una agencia de colocación para personas con discapacidades. El SIL tiene ya una base de datos de más de 18.000 discapacitados en situación de desempleo.

La labor realizada desde Cogami cubre todo el proceso de inserción laboral, desde la selección de las empresas -en el primer semestre del 2009 visitaron 382-, hasta la integración del discapacitado en el entorno de trabajo. “En los últimos seis meses hemos llevado a cabo un total de 1.178 inserciones laborales”, señala Francisco Abuín, cabeza visible de un grupo humano que sigue luchando por la integración laboral, incluso en plena crisis económica .

Visto en: ElCorreoGallego.es

Twitter This

Usuario: Password:

Diego Lastra Gómez, licenciado en Derecho y aquejado de una parálisis cerebral, analiza la Ley de Dependencia

¿Por qué tanta palabra?, ¿Por qué tantas frases abstractas sin un fin concreto?. Tantos proyectos, tantas organizaciones, federaciones, asociaciones, fundaciones y tantos congresos. Cuando leo u oigo hablar sobre la diversidad funcional no entiendo nada, y todo debido a esa falta de concreción. Nadie nos comunica lo que estamos esperando oír. La gran noticia sería que se nos va conceder la autonomía que nos pertenece y los medios que requerimos para conseguir esta meta.

Esa es la clave: la autonomía personal. Con ella, al igual que cualquier otro ciudadano, ejerceremos nuestros derechos humanos, siendo capaces de trabajar, estudiar, relacionarnos con la sociedad que nos rodea y dejando de seguir dependiendo física y económicamente de nuestros familiares. Ellos son nuestra vida, ya que el estado social y democrático de derecho no existe. Todo aquel que lo apoye en las urnas ha de ser bien consciente que no va a ser correspondido ante un problema grave. Puede que nuestro ordenamiento jurídico haya conseguido que unos no nos quitemos la libertad a los otros, pero, si es una discapacidad lo que merma tus oportunidades, las administraciones no se preocupan de equilibrar las desigualdades.

Hace ya un par de años que se aprobó la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de dependencia. Desde ese momento, muchos somos los que solicitamos los derechos que nos concede y aún no hemos recibido nada. No obstante, hasta aquí no he comentado mas que el menor de los males. Descorchando botellas estaríamos si nos esperara un futuro amparado por una norma seria, correcta, moderna y civilizada.
En principio se intuye una buena intención de la Ley, en artículos como el 3.h): “La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.”, el artículo 4.2.a): “A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad e intimidad.”, o el artículo 13: “La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal, deberá orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos:

a)Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible.

b)Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad.”.
Sin embargo su catálogo de servicios no ofrece ninguna fórmula capaz de conseguir dichos objetivos. Efectivamente, estamos ante una ley que dice llamarse de “autonomía personal” pero contradictoriamente solo habla de residencias, centros de día, y asistencia domiciliaria. Lo cual poco o nada puede aportar para acabar con nuestra dependencia. Esta ley presupone que debemos estar encerrados entre cuatro paredes.

Está demostrado internacionalmente que la mejor solución para afrontar este problema es la asistencia personal, capaz de proporcionarnos la libertad de movimiento, capacidad de decisión, y dirección sobre nuestras vidas. Por desgracia, en nuestra nueva ley solo se contempla en el artículo 19 sin mucha importancia, y únicamente orientada hacia los estudios, el trabajo, y las actividades básicas de la vida diaria, negándonos el derecho a disfrutar de nuestro tiempo libre para ir donde queramos, quedar con quien nos apetezca, etc.

Esto quiere decir que al salir del trabajo no se nos permite tomar un café con nuestros compañeros o ir a hacer la compra, y que cuando es fin de semana no hay playa, ni cine, ni amistades, ni nada de lo que disfrutan el resto de seres humanos y que tantos se les recomienda, incluso por la O.N.U.. Y hablando de esta institución, se hace conveniente recordar que, recientemente, ha aprobado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual defiende nuestras ideas y que, inexplicablemente nuestro país ha podido ratificar.

Bien es cierto que en la nueva Ley de Servicios Sociales del País Vasco no se condiciona la asistencia personal a fines concretos, sin embargo mantiene El copago, otro de los escándalos sociales provocados. Según este sistema de financiación debemos de pagar una parte de nuestra asistencia con nuestro dinero, lo cual, según los miembros del foro vidaindependiente, conlleva las siguientes conclusiones:

1. No involucra a toda la sociedad en el sistema, discriminando a la persona que vive una situación de dependencia responsabilizándola de su diferencia.
2. Dado que el 93% de los posibles usuarios del sistema son pensionistas los que entren en el sistema, verán como su pensión media baja de 576 a 381€ al mes, lo que de hecho representa un empobrecimiento de las clases sociales más débiles.
3. Hace que las personas que se acojan a este sistema, personas tradicionalmente discriminadas y económicamente débiles, paguen con el tercio que les corresponde para que la economía española crezca, mientras que las administraciones tendrán un gasto final de 0 euros.
4. En el mejor de los casos (suponiendo que los demás países no aumenten su inversión) pasa a España del duodécimo al octavo lugar de Europa en inversión en el sistema de promoción de la autonomía, siguiendo un 23% por debajo de la media europea.
5. Mientras no se adopten las medidas necesarias para poner a España al nivel europeo medio de gasto social público en la promoción de la autonomía resultará imposible afrontar este sistema con garantías de éxito.

Por último, resulta ofensivo que la decisión sobre qué tipo de prestación aplicar en cada caso esté en manos de los profesionales, habiendo escuchado al interesado (Artículo 29), cuando debería de ser al contrario. Siempre prevaleciendo la opinión del usuario para diseñar su Programa Individual de Atención. Esta insostenible situación, ocasionadora de episodios realmente mucho mas dramáticos de lo que la opinión pública piensa, sin duda originará una respuesta drástica y contundente por parte del colectivo social al que pertenezco, puesto que éste, gravemente decepcionado, seguirá careciendo de su dignidad.

En mi caso -valga de ejemplo, extrapolable a cientos de miles de ciudadanos- seguiré dependiendo de mis padres, puesto que cuando este sistema entre en funcionamiento únicamente seré autónomo durante cuatro horas al día. Me gustaría que, a los que han redactado y aprobado este conjunto de barbaridades, alguien les propusiera disponer del mismo tiempo para sus equipos de seguridad, porque según ellos con 4 horas se cubre toda una jornada. De todas formas, aunque así fuese, no les quepa duda que serían más libres que nosotros.

De todo lo anterior, es fácil deducir que el problema radica en que, en este país, aún existe una visión retrograda sobre el tema que tratamos. Esto no cambiará mientras no quede claro que no existen minusválidos, sino simplemente personas con diversidad funcional (funcionamos de forma diferente, pero funcionamos) y que tenemos las mismas inquietudes que el resto de la gente. En ese momento, los responsables de toda esta locura se concienciarán de que estamos ante un asunto en el que el aspecto económico queda en un segundo plano, dando preferencia a la dignidad humana. A partir de ahí, no nos atacarán con más palabras a discreción.

Visto en ElCorreoDigital.com

Twitter This

Usuario: Password:

El texto aprobado el pasado día 29 de octubre es el siguiente:

Comisión de Política Territorial
La Comisión de Política Territorial, en sesión tenida el día 29 de octubre de 2008, ha debatido el texto de la Propuesta de resolución sobre la adaptación de las estaciones de ferrocarril del Maresme para personas con movilidad reducida (tram. 250-01095 / 08), presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialistes – Ciutadans pel Canvi, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (reg. 32058).

Finalmente, de acuerdo con el artículo 146 del Reglamento, ha adoptado la siguiente
Resolución:

1. El Parlamento de Cataluña valora positivamente la inversión en la mejora y la modernización de las estaciones de ferrocarril en Cataluña prevista en los presupuestos del Estado del año 2008 y lograda en el marco del acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado.
2. El Parlamento de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1, insta al Gobierno a pedir al Gobierno del Estado la concreción de las actuaciones que se deben ejecutar il’acceleració del proceso de la inversión prevista para mejorar la adaptabilidad y la accesibilidad de las estaciones ferroviarias a personas con movilidad reducida, el Maresme y el resto de comarcas de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2008
La secretaria de la Comisión El presidente de la Comisión
Laura Vilagrà y Pons Eudald Casadesús y Barceló

Como curiosidad vamos a transcribir los trámites necesarios para llegar a la anterior resolución:

Propuesta de resolución sobre la adaptación de las estaciones de ferrocarril del Maresme para personas con movilidad reducida
Núm. expediente 250-01095/08

1. Admisión a trámite de la iniciativa 01.07.2008
2. Publicación de la iniciativa 07.07.2008
3. Acuerdo de tramitación en Comisión 08.07.2008
4. Apertura del plazo de presentación de enmiendas 08.07.2008
5. Publicación de la remisión a la Comisión 14.07.2008
6. Publicación de la apertura del plazo de presentación enmiendas 14.07.2008
7. Concesión prórroga del plazo para presentar enmiendas 24.07.2008
8. Publicación prórroga del plazo para presentar enmiendas 28.07.2008
9. Concesión prórroga del plazo para presentar enmiendas 30.07.2008
10. Publicación prórroga del plazo para presentar enmiendas 31.07.2008
11. Concesión prórroga del plazo para presentar enmiendas 01.09.2008
12. Concesión prórroga del plazo para presentar enmiendas 02.09.2008
13. Publicación prórroga del plazo para presentar enmiendas 03.09.2008
14. Publicación prórroga del plazo para presentar enmiendas 03.09.2008
15. Admisión a trámite de las enmiendas presentadas (Comisión) 16.09.2008
16. Publicación de las enmiendas presentadas (Comisión) 22.09.2008
17. Adopción en comisión 29.10.2008
18. Publicación de la adopción en Comisión 03.11.2008

Twitter This

Usuario: Password:

El Congreso aprobó el pasado día 14 por unanimidad una proposición no de ley para que estacionar en los aparcamientos reservados para discapacitados conlleve pérdida de puntos del permiso de conducir. El texto, aprobado a iniciativa del diputado de ICV, Joan Herrera, insta al Gobierno a modificar la ley sobre tráfico para que estacionar en plazas reservadas para discapacitados pase de considerarse infracción leve a grave, lo que implicaría la pérdida de dos puntos del carnet.

Hasta ahora, el estacionamiento indebido en esas zonas suponía una sanción de hasta 90 euros.

La propuesta presentada por ICV recoge las peticiones de organizaciones del sector de personas con discapacidad como el CERMI y el Foro de la Vida Independiente. El debate y la posterior votación de la proposición no de ley se celebró ayer en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

El PSOE y CiU anunciaron al principio de la sesión su rechazo, pero finalmente votaron a favor.

Fuente: El País

Nos congratulamos teóricamente por la noticia a falta de ver como se instrumenta.

La sanción actual de 90 no se aplicaba en los parkings, incluídos los de los centros comerciales al ser propiedad privada y no la vía pública. Por lo que este extremo no se va a resolver.

En cuanto a las reservas de aparcamiento en la vía pública, hasta ahora los agentes de la autoridad no podían actuar de oficio, lo hacían sólamente por denuncia (Al menos en el Municipio de Barcelona) por lo que la mayoría de las sanciones no se tramitaban.

Quedamos con un ligero optimismo a la espera de ver los detalles de esta nueva norma, aunque dudamos que una modicicación en el Código de la Circulación resuelvan los problemas que hemos planteado.

Twitter This

Usuario: Password:

A partir de ahora se hace obligatorio su cumplimiento y transposición a la legislación de los 126 países firmantes hasta ahora. España es uno de los que más prisa se ha dado en suscribirla (el octavo) y en ratificar su Protocolo (el cuarto), aunque lo ha hecho con muchas asignaturas pendientes.

El colectivo incluye en España al 9% de la población (3,5 millones), y todavía se enfrenta a numerosas barreras legales, educativas, laborales, sanitarias, de comunicación y accesibilidad y de participación.

Desde el movimiento asociativo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi, que pone voz unitaria a más de 4.000 organizaciones) está ya trabajando en una propuesta de Proyecto de Ley de Ajuste del Ordenamiento Jurídico hispano a la Convención.

Así lo subrayó Ana Peláez, presidenta de la Comisión de la Mujer del Cermi, durante una jornada sobre Derechos Humanos y Discapacidad en España en la que la Fundación ONCE presentó un informe de situación sobre ese tema realizado por Leonor Lidón.

Un mundo con barreras
El informe sobre derechos humanos y discapacidad repasa las múltiples barreras que sufre el colectivo. Éstas barreras son legales, como la incapacitación. De participación, como las limitaciones directas al derecho al voto. De comunicación, como la insuficiente accesibilidad de las páginas webs de la Administración, que no invalidan progresos como la aprobación de la lengua de signos o el subtitulado televisivo. Educativas, como la presencia descendente en niveles superiores del elogiado modelo inclusivo, que reducen el 2,47 por ciento de primaria al 0,24 por ciento del bachillerato (tampoco alcanza el 1 por ciento en la Universidad, adonde sólo llegan el 2 por ciento de las personas con discapacidad). De empleo, con tasas de actividad muy inferiores al resto de la población (33 por ciento, frente a 70 por ciento) y un masivo incumplimiento empresarial (80 por ciento) de las cuotas obligatorias para su integración laboral. También son evidentes las barreras sanitarias, como la exclusión o el mayor coste de seguros privados y las dificultades para el consentimiento informado, por no hablar de los problemas que suelen plantearse ante ensayos clínicos o esterilización en caso de grave discapacidad psíquica.

Persisten las arquitectónicas
Y, por supuesto, persisten las barreras de accesibilidad, con incumplimientos de algún tipo en prácticamente el cien por cien de los edificios, en itinerarios urbanos (en uno de 500 metros, sólo 4 de 729 analizados aprobaban los criterios legales) y en el transporte.

Según la autora del mencionado estudio para la Fundación ONCE, Leonor Lidón, las razones de tanta inaccesibilidad tienen que ver con la dispersión competencial y administrativa, la falta de control, la legislación no implementada ni desarrollada e incluso la insuficiente formación de quienes ejercen la arquitectura.

La Convención, remarcó la autora del estudio para la Fundación ONCE, Leonor Lidón, será clave para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en España, donde se ha pasado «del modelo médico al modelo social» y se pone ya el «acento en la integración». Pero no será un camino de rosas, porque hasta la evolución terminológica desde viejos conceptos como «subnormal» o «minusválido», sigue mostrando «contradicciones, como el certificado de minusvalía». Y lo mismo pasa con la «mucha y variada normativa», con avances como la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2003 y dudas como su cobertura limitada a quien tiene la «condición legal» de discapacidad.

Fuente: Manu Mediavilla | Diari de Tarragona

Twitter This

Usuario: Password:

La Ley de Integración Social del Minusválido define discapacitado o minusválido así:

“Se entenderá por minusválido toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.”

En un análisis de la legislación publicado por el Servicio de Información sobre Discapacidad, adscrito al IMSERSO se dice:

“A partir de la promulgación de la Constitución de 1978, en nuestra legislación se emplean indistintamente los términos minusvalía y discapacidad . El término minusvalía – proviene de minus (menos) y valía – que significa el detrimento o disminución del valor que sufre una cosa. El término discapacidad, es menos ambiguo y con menos connotaciones sociales negativas que el de minusvalía. El vocablo guarda una estrecha relación con el término capacidad, lo que supone una cualidad del sujeto para ser capaz de realizar ciertas cosas. Discapacidad supone no estar capacitado para el desempeño de ciertas funciones. Discapacidad tiene su origen en un hecho concreto que supone no poder realizar determinadas funciones, pero no hay una disminución en la valía, en el valor, del sujeto afectado. Cualquier persona normal está capacitada para el desempeño de ciertas funciones y, sin embargo, puede no estarlo para el desempeño de otras.”

Twitter This

Usuario: Password: