IU abre otro frente con el PSOE al rechazar un parón en la aplicación de la ley y asegura que ésta sólo la puede modificar el Congreso
25.03.10 – 03:24 – J. A. GARCÍA / A. SUÁREZ | OVIEDO.
El Principado alentará un debate entre el Gobierno central y las comunidades al objeto de plantear una amplia reforma fiscal y modificaciones en el desarrollo de la ley de la dependencia. Las dificultades económicas por las que atraviesan las autonomías y la necesidad de recortar el déficit público obliga a los mandatarios regionales a replantearse el esquema de las prestaciones básicas. El propio presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, cogió la sartén por el mango el pasado martes. Además de pedir una amplia revisión tributaria, admitió la posibilidad de utilizar los resortes de la ley de dependencia para ralentizar su aplicación. Una interpretación de la normativa que no comparten sus socios de Gobierno. Izquierda Unida ha puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de que se produzca un «parón» en el desarrollo de la ley, y más después de que la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, haya suscrito las palabras del presidente sobre una posibilidad que, según ella, recoge la citada norma. La coalición advierte de que no habrá ninguna paralización y asegura que para llegar a ese extremo es necesario una modificación que debe ser aprobada antes por el Congreso de los Diputados, «ya que las comunidades no tienen potestad para plantearlo».
«Hablamos efectivamente de abrir un paréntesis que la propia ley establece», rebatió Migoya antes de esgrimir el contenido de la misma. En el texto se incluye, recuerda, que transcurridos los tres primeros años de aplicación se hará una evaluación de los resultados, proponiendo las modificaciones en la implantación del sistema que, en su caso, se estimen oportunos. «Vemos que la propia norma incluye ese periodo de reflexión al que se refería el presidente», señaló Migoya, que eludió pronunciarse ante la posibilidad de que esa «reflexión» pueda afectar a los futuros beneficiarios. «Esa decisión no corresponde adoptarla a una comunidad de forma unilateral sino que debe surgir de una discusión entre las autonomías y el Estado», añadió la portavoz del Gobierno.
La lectura que Migoya hizo de la ley no dejó muy contentos a la otra parte del Ejecutivo. IU, en una nota pública, rechaza las manifestaciones de la portavoz, dice, sobre «la posibilidad de aplicar un parón a la ley de dependencia». El coordinador general, Jesús Iglesias, alerta de que los presupuestos regionales ya están «suficientemente ajustados» y su organización no va a admitir a ningún recorte más.
Acusa además a Migoya de no ser consecuente con el acuerdo alcanzado entre IU y FSA, donde le recuerda, se pactaron, políticas públicas dirigidas a reforzar la protección social frente a la crisis. Pocos después, la Consejería de Bienestar Social, gestionada por la coalición, emitió otra nota de forma paralela donde insistía en que no habrá ninguna «paralización» de la ley. «No caben retrocesos en su desarrollo y en su aplicación», advirtió la titular del departamento, Noemí Martín.
La Consejera avisa, igualmente, que la ley no incluye la posibilidad de abrir ningún «parón» como esgrime Migoya, y sí un periodo de evaluación para mejorar la prestación pero, en ningún caso, para replantearse un cambio que pueda afectar a su ejecución.
En el tercer año de implantación de la ley en Asturias hay 6.659 dependientes que aún no han sido valorados y 4.443 que ya tienen el dictamen, pero que todavía carecen del servicio. En la actualidad, hay 15.681 personas atendidas con derecho a algún tipo de prestación. En el horizonte de 2011, se incorporarán a la lista otros 2.563 asturianos, cuyo grado de dependencia es menor.
En opinión de IU, la cobertura a éstos últimos no está en peligro y se ofrecerá dentro del plazo, mientras que Migoya no disipó las dudas de que la Administración regional pueda asumir el coste de esta ampliación del servicio. La portavoz supeditó cualquier decisión al debate que el Principado plantea debe celebrarse con el resto de las comunidades y el Estado.
Reparto desigual
Lo cierto es que IU y PSOE están de acuerdo en el fondo, pero difieren en las formas. Las dos formaciones son conscientes de que el Gobierno central no está cumpliendo sus compromisos inversores para desarrollar la ley. De hecho, la aportación del Estado no llega al 30%, tal y como recordó ayer el propio Jesús Iglesias, cuando le corresponde asumir la mitad del coste. Un incumplimiento que agrava aún más las dificultades económicas de las comunidades para cuadrar sus números. Sin embargo, la forma de plantear la discusión por parte de Álvarez Areces -que recordemos, habló de utilizar el parón que permite la norma- es lo que no ha gustado a IU, que teme un «tijeretazo» en las partidas destinadas a la ejecución de la normativa.
Más arado tiene el terreno el Gobierno para llevar a la negociación multilateral el debate sobre una reforma tributaria. El presidente del Principado reconoció el pasado martes que la subida del IVA no es suficiente para paliar la caída de los ingresos pero, sobre todo, para mantener los servicios básicos. La relevancia de las decisiones que se adopten obliga, según el Principado, a plantear un debate donde también participen comunidades y el Estado.
Las autonomías asumen la necesidad de apretarse el cinturón y aplicar planes de austeridad en sus respectivas administraciones para contribuir a la reducción del déficit público. Sin embargo, confían en recibir una contraprestación en forma de revisión tributaria que suponga a su vez una mayor percepción de ingresos para sus arcas.
Precisamente, el plan de ajuste que tendrá que poner en marcha el Principado -después de ser aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiero el 10 de junio- inquieta a Comisiones Obreras. El secretario general de esta central, Antonio Pino, advirtió de que el citado plan «va a traer más problemas que soluciones». Justifica sus palabras en que la economía privada, según afirmó, «no tira y se recortan gastos que son necesarios para activar la economía y el empleo».
Unos ajustes que también afectarán a la Consejería de Salud. De momento, su titular, Ramón Quirós, lamentó la excesiva «medicalización» entre los asturianos. Recordó que sólo en el Principado se ha incrementado el número de recetas un 40%, mientras que la población se ha mantenido estable.
Así lo ha asegurado hoy el concejal socialista Julio Such, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a la portavoz de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (AVADEC), Palmira Castellano, quien también ha criticado la "falta de complicidad" del Ayuntamiento en la aplicación de la normativa Según Such, el número de solicitantes de la 
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